Interdependencias, solidaridades, cooperaciones

Un conjunto de hechos convergentes contribuyó, a partir de los años 1980, a dar al mar una muy nueva importancia para la región. La co-responsabilidad instaurada en la totalidad de su superficie por el derecho internacional (Convención de Montego Bay, organización de las ZEE, etc.), los desafíos multinacionales y transnacionales de todo tipo en torno a ella, militan con fuerza a favor de un enfoque global y concertado de sus problemas... pero realizarlo topa con muchas dificultades.

1. Cooperar: una necesidad difícilmente realizable

1.1. Interdependencias evidentes

Las oportunidades y las necesidades de cooperación no faltan entre estados y territorios ribereños en muchos dominios relativos al mar: sería beneficioso para la región dotarse de una red eficaz y coherente de transportes marítimos (pasajeros y mercancías), de una política global de preservación de los recursos haliéuticos a medio y largo plazo, de planes de prevención y lucha contra las contaminaciones de todo tipo. Todos los estados tienen implicaciones en la previsión y prevención de los riesgos naturales relacionados con el mar (sistemas integrados de alarma, puesta en común de los medios de intervención); en la colocación en los fondos marinos de cables de comunicación de alta velocidad, oleoductos y gasoductos; en la lucha contra los tráficos transfronterizos ilegales (emigrantes clandestinos, artículos de contrabando, armas, drogas) que pasan por el espacio marítimo y contra la piratería que, sin alcanzar los niveles que tiene en el océano índico, queda preocupante frente a Colombia, Venezuela y la costa sur de Haití.

 

Tantos problemas que para ser correctamente estimados, exigen por lo menos una coordinación, incluso una colaboración entre los países de la zona, ya que son numerosos los espacios marítimos nacionales, de tamaño reducido e imbricados. Pero no faltan obstáculos.

1.2. Múltiples impedimentos

El primer impedimento (el más importante) rebasa con mucho el ámbito de los asuntos marítimos: resulta de la historia colonial que dividió la región de forma duradera en entidades ajenas unas a otras, vinculadas a sus respectivas metrópolis de manera casi exclusiva, sin tradición de colaboración, ni mucho menos. La diversidad de regímenes y estatutos políticos actuales (territorios independientes y otros bajo tutela), la multiplicidad de culturas, idiomas, legislaciones, el peso de las costumbres, las importantes diferencias de potencia, de “peso” territorial, demográfico y económico, los endebles recursos de muchos Estados, tampoco facilitan la radicación de lazos igualitarios de solidaridad.

Más específicamente, el desigual interés que ponen los diferentes Estados y territorios en los asuntos marítimos es un obstáculo para establecer políticas integradas en el dominio marítimo. La sensibilidad a los problemas procedentes del mar, la intimidad con el mar, su importancia en las preocupaciones, no pueden ser equivalentes en las pequeñas islas inmersas en el mar que es su obsesivo horizonte; como en las grandes islas donde está menos pregnante, menos omnipresente, y en los Estados ístmicos y continentales cuyos centros de gravedad económicos y demográficos no son caribes y cuyas ambiciones geopolíticas y geoestratégicas así como los centros de interés se reparten por varios espacios (océano Pacífico, vecinos continentales...).

La disparidad de las situaciones regionales frente a ciertos problemas, la desigual exposición a ciertos riesgos, son fuentes de una desigual motivación para remediarlos. Esto bien se nota respecto a la elevación del nivel del mar: en la región las pequeñas islas y algunos territorios costeros de baja altura (Guyanas) se solidarizan en la AOSIS¹ con sus homólogos del Pacífico y del océano Índico (y no con sus vecinos regionales). Procuran hacerse oír y hablar de una sola voz a nivel mundial para obtener que refuercen la lucha contra el recalentamiento del clima. Para todos, el desafío es importante ya que la mayoría de sus poblaciones se concentran en las bajas tierras de la costa. Para las islas más bajas, las Bahamas o Barbuda por ejemplo, incluso es un problema de supervivencia. En todas estas islas la elevación del nivel de las aguas hace temer a muy corto plazo flujos de “refugiados climáticos”... sin embargo, les cuesta mucho hacerse acompañar por los países continentales cuyas poblaciones se concentran lejos de las costas y que, por eso, manifiestan poco interés al tema.

Un tercer obstáculo se arraiga en las rivalidades y competencias entre Estados, por ejemplo en el turismo en el que cada uno trata de atraer para sí mismo los flujos y escalas de los buques de crucero. En el sector de las conexiones marítimas y equipamientos portuarios, los intereses nacionales o los de los transportistas también prevalecen sobre una percepción global de la región.

La escasez de los recursos disponibles también es un impedimento importante: la mayoría de los Estados no tienen sino endebles capacidades financieras, técnicas, humanas, militares, y no están en condiciones de conducir políticas ambiciosas, y hacer respetar las obligaciones e interdicciones que decretan. No hace falta buscar más lejos la causa principal de la pobreza de numerosas políticas de cooperación. En muchos casos, la región debe encomendarse a redes, equipamientos e iniciativas extra regionales: la previsión de los ciclones es el hecho de organismos mundiales o estadounidenses. Las redes de transportes marítimos, la elección de los puertos de transferencia (dispersión de la carga), los circuitos de los buques de crucero dependen de lógicas empresariales cuyos centros de decisiones están fuera de la región y no toman mucho en cuenta los intereses y necesidades regionales.

El tema se enreda aún más cuando los intereses de unos y otros no coinciden. En la lucha contra los tráficos de drogas que toman las rutas marítimas, los Estados Unidos no encuentran una adhesión unánime: para algunos Estados, reconocer el derecho de persecución de los narcotraficantes por buques de guerra extranjeros en sus aguas, es renunciar a una parte de su soberanía… sin hablar de los muy importantes intereses financieros relacionados a la droga que corrompen a veces hasta las más altas esferas de la política. Se encuentran los mismos desacuerdos en la preservación de las ballenas y delfines (cf. después).

Debido a estos motivos, la realización de políticas regionales del mar no es nada evidente ni fácil. En ciertos dominios aciertan mejor que en otros.

 

2. El medio ambiente: un sector piloto de la política regional

2.1. Un entorno frágil y peligroso

El mar Caribe, más abierto al océano que el Mediterráneo euroafricano, no abriga en sus orillas cargas humanas excepcionales ni masivas actividades industriales (excepto de manera puntual). Sin embargo, la estrechez de la mayoría de los territorios que bordean el mar Caribe y el aspecto insular de muchos de ellos, hacen que es un medio vulnerable y de gran sensibilidad ecológica. La importancia económica del mar (el turismo es la primera actividad regional), el carácter “propicio” y relativamente consensual de las preocupaciones medioambientales contribuyen también a darles una fuerte resonancia. Favorecen la toma de conciencia de que es una obligación imperiosa preservar el mar, los manglares, las costas, los arrecifes coralinos y su biodiversidad, “para beneficio y disfrute”² de los pueblos de la región.

El mar está primero bajo amenaza de múltiples contaminaciones de origen marina: 1500 barcos de pesca bogan permanentemente, más de 60 000 buques de carga navegan cada año, lo que genera más de 80 000 toneladas de desperdicios. El importante tráfico de petróleo hacia las gigantes refinerías de Texas, Luisiana o la costa este de los Estados Unidos, exponen el mar a los riesgos de accidentes y desgasificaciones ilegales, a los cuales conviene añadir los riesgos relacionados con la explotación offshore de los hidrocarburos tanto en México como en los Estados Unidos y Venezuela (lago de Maracaibo). Las cargas de productos inseguros que pasan por la región hacen pesar también la amenaza de un accidente o de un acto terrorista, si se piensa por ejemplo en los residuos radioactivos japoneses que pasan por el canal de Panamá rumbo a Francia (instalaciones de reelaboración de La Hague) y en los residuos reelaborados que vuelven en sentido contrario.

Los espacios marítimos y litorales también están expuestos a los riesgos procedentes de las poblaciones y actividades costeras, y hasta de actividades más lejanas: vertidos de aguas no depuradas o no totalmente depuradas, de metales pesados (plomo, cobre), derrame en los ríos de basuras de todo tipo que llegan de vertederos al aire libre o de productos fitosanitarios utilizados en la agricultura: es el caso del delta del Misisipí y de las zonas adyacentes cada día más extensas del golfo de México (casi 25 000 km² en total) afectados por el fenómeno de "dead zone" es decir zona muerte.

La "dead zone" del golfo del Misisipí

El fenómeno de “dead zone” resulta del exceso de nitrógeno y fósforo en el río Misisipí. Este exceso favorece la proliferación de algas que se descomponen después de morir y cubren los fondos marinos. La descomposición consume todo el oxígeno disponible, impidiendo la presencia de cualquier organismo vivo. Este fenómeno es consecuencia de la extensión de las superficies dedicadas al cultivo del maíz con fines energéticos (más de 35 millones de hectáreas). El entusiasmo de los Estados Unidos por los agrocombustibles participó en un crecimiento del uso de abonos que contienen nitrógeno y fósforos... Según algunos especialistas americanos este fenómeno de zona muerte, sin duda irá empeorando en el futuro con el cambio climático: el aumento de la temperatura del agua acelerará la degradación de las algas y la nueva repartición de las lluvias modificará el caudal de los ríos.

 

Igualmente peligroso es el vertido masivo de partículas terrígenas en el mar: las acumulaciones de légamo en el fondo marino ahogan las concreciones coralinas, la turbiedad del agua hace desaparecer, por falta de luz, cualquier vida acuática. La desforestación y la urbanización, al activar la escorrentía y la erosión, intensifican aquellos fenómenos. No por casualidad toma el problema dimensiones temibles en Haití, pero muy pocos son los países que se salvan y en por ejemplo en Martinica el volumen de las aluviones de los ríos “la Lézarde”, “Riviere-Salée” y otros, participan en el encenagamiento rápido de la bahía de Fort-de-France.

Los litorales del Caribe padecen deterioros inquietantes, que resultan de las agresiones de origen natural y antrópico que sufren. La erosión de las playas se ha vuelto un problema general. Empequeñecen en todas partes, a veces al ritmo de varios metros cada año (4 m de promedio en Barbuda, de 1 a 3 m en Dominica). Se acentúa violentamente el fenómeno cuando pasan ciclones y marejadas ciclónicas: en 1995 la playa de Coco Point (Barbuda) retrocedió de 25 m en media jornada a consecuencia del paso del huracán “Luis”; en Granada, el huracán “Lenny” destruyó en 1999 las playas más apreciadas por los turistas, con muy graves consecuencias económicas (Desse M. y Saffache P., 2005). En Dominica muchas ensenadas arenosas son gravemente deterioradas por las consecuencias de los ciclones que se suman a excesivos extracciones de materiales de construcción.

Se multiplican los síntomas inquietantes de daño al ecosistema: varias especies marinas, amenazadas por la contaminación o la desaparición de su hábitat, están peligro de extinción, tal como la foca negra o el manatí del Caribe del que no queda sino unos ejemplares diseminados. La caza legal o furtiva, la pesca de arrastre y la “pesca fantasma”³ amenazan todas las especies de tortugas. Explotan sin verdadero control otras especies animales o vegetales que se extinguen: corales, moluscos, crustáceos, peces y mamíferos marinos, mangles (los manglares disminuyen en todas partes). En Guyana, la sobre-explotación es evidente: en 10 años el tamaño de los pargos disminuyó de más de 10 cm, el peso pasó de 2 kg a 800 g y la edad mediana de captura es inferior a la edad de primera madurez. El caso del lambí (strombus gigas) también es esclarecedor.

La CITES interrumpe el comercio del lambí

Existente en todos los países del Caribe, desde Florida hasta la costa norte de Suramérica, el lambí está presente en las aguas de 36 países y territorios de la región, es decir en casi todos. La especie prospera en los fondos arenosos y poco profundos, sin embargo se la puede encontrar hasta a 100 de profundidad.

Desde los años 1990 numerosos indicios preocupantes condujeron la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES) a actuar para proteger este recurso. Proyecta tomar medidas enérgicas a fin de regular la pesca y obrar para el salvamento de la especie. Desde 1992 un permiso CITES es imprescindible para toda exportación.

Después de las recomendaciones de la CITES, dos de los principales países del área de existencia del lambí (República Dominicana y Honduras) aceptaron no autorizar la exportación del lambí a partir del 29 de septiembre de 2003. Al contrario, Haití no tomó medidas semejantes y la CITES exigió entonces el boicot del lambí haitiano.

Dos elementos convergentes provocan esta situación: desde hace algunos decenios, la pesca del lambí cambió de dimensión para tomar una forma comercial a fin de responder a la demanda turística e internacional. Vino a ser uno de los más importantes recursos pesqueros del Caribe, lo que generó importantes volúmenes de ventas y numerosos empleos. Se añadió una degradación del hábitat de la especie, principalmente la pérdida de grandes áreas de praderas marinas en aguas poco profundas, cerca de la costa. Frente al rápido descenso de las reservas se tuvo que cerrar definitivamente o temporalmente la pesca en numerosos países: Antillas neerlandesas, Colombia, Cuba, Florida, Islas Vírgenes americanas, México, Venezuela. Queda la situación en estado de gran fragilidad.

Según: http://www.mediaterre.org/caraibes/, 2009

 

Amenazado por varios peligros, el mar puede volverse también en fuente de perjuicios: da nacimiento y transporta huracanes y fenómenos asociados (marejadas ciclónicas). Los tsunamis, sin duda poco frecuentes y de poca importancia, son por eso potencialmente muy peligrosos ya que faltan recuerdos en la memoria colectiva (las últimas catástrofes ocurrieron en las islas San Blas en Panamá en 1882, en Puerto Rico en 1918 y en la República Dominicana en 1946). Por último, la elevación del nivel de los mares interesa la región aunque de manera desigual.

2.2. Una rica panoplia jurídica e institucional

A partir de los años 1980, se dotó la región de un poderoso arsenal jurídico e institucional para la preservación y valorización del medio marino. Ya en 1983, en relación con el PNUMA (Programa de las Naciones Unidas par el Medio Ambiente) se firmó un “Acuerdo Regional sobre la Protección del Medio Marino“, conocido también como “el Convenio de Cartagena” completado por tres protocolos especializados (véase anexo a), y que era el primero de aquel tipo en el mundo. Estos textos “marco”, muy completos y ambiciosos, son los únicos que tratan específicamente de la totalidad del dominio marítimo del Caribe.

El Convenio de Cartagena permitió entablar cooperaciones por ejemplo con los programas RAMSAR⁴ sobre la protección de los humedales o también con la Iniciativa internacional para los arrecifes coralinos (ICRI: International Coral Reef Initiative). Asimismo, los países del Caribe toman parte en la Convención sobre el Comercio internacional de especies amenazadas (CITES), en la convención sobre la Conservación de las especies migratorias (CMS), en la convención de Bale sobre los movimientos de residuos peligrosos, y en la Convención sobre la biodiversidad. Todas estas convenciones preconizan e inician una cooperación en ámbitos muy variados que van de la investigación a la recogida de datos, la información del público, la implicación de la sociedad civil y la aplicación de medidas de protección y evaluación.

Bajo los auspicios de la AEC, se firmó en diciembre de 2001 una Convención sobre la zona de turismo sustentable en el Caribe (ZTDC). Aunque no es específicamente marítima, gran parte de la convención trata del mar y de los litorales considerados como un todo. Una vez más, se trata de favorecer “el turismo de manera sostenible, utilizando racionalmente los recursos naturales”. Una gran originalidad del proyecto reside en la voluntad de promover un enfoque regional integrado del turismo: reflexiones sobre una etiqueta Caribe del turismo sostenible, proyecto de “package” de destinos (turismo multi/destinos), por ejemplo Guadalupe-Dominica o Trinidad-Venezuela, todo ello en total ruptura con el cada uno para sí que prevalece hoy.

No faltan intenciones e instrumentos... ¿De las realizaciones concretas, qué balance se puede elaborar?

 

2.3. Innegables avances…

Los importantes acuerdos internacionales tuvieron un papel positivo para incitar los gobiernos de la zona a proteger el medioambiente. Aumentó el número de espacios marinos protegidos, hoy son más de 300 (el 80% de los cuales tiene menos de 20 años) en todos los estados, hasta en los más pequeños y pobres.

El modelo de las islas Vírgenes americanas

Desde hace mucho tiempo, consideran el medio marino como su recurso económico de más importancia y actuaron como un país precursor. Llevaron con determinación y de manera duradera una política global que proyectaba asegurar la pureza de las aguas, la limpieza de los fondos, la integridad de los arrecifes coralinos y la riqueza de las formas de vida que abrigan. En estas zonas, la pesca submarina está prohibida, el vertido de residuos de parte de los barcos limitado con severidad, y el fondeo de barcos de recreo reglamentado para evitar la destrucción de los fondos coralinos por las cadenas y las anclas. Además, y esto es básico, establecieron medidas eficaces de control.

 

Abundan las iniciativas bilaterales, infraregionales y regionales. Barbados ofrece a Santa Lucía su pericia en la protección del litoral. Se iniciaron programas de preservación para las tortugas (11 Estados afiliados) y para el manatí del Caribe (trichechus manatu), el sirenio más grande que vive actualmente (5 Estados afiliados). Una red regional de alerta contra los tsunamis está en vías de creación, debería ser operativa en los próximos años e integrarse en una red mundial. Tantas realizaciones que no son despreciables, ni mucho menos, y que muestran los rápidos progresos de la sensibilidad ecológica para el mar en la región.

 

2.4. ... Pero queda mucho por hacer

Entre los principios enunciados, la voluntad manifestada y las realizaciones concretas queda una notable diferencia. Muchos Estados ya no firmaron o ratificaron el Convenio de Cartagena⁵ y sus protocolos (anexos b-c-d): es de notar que según el caso es muy variable el número de dichos Estados. Se revela bastante trabajosa la puesta en práctica de la ZRDC. ¿Conviene notar que ciertos países carecen de sensibilidad para problemas que consideren como no prioritarios? ¿Una voluntad de no tener las manos ligadas por textos exigentes que podrían perjudicar los intereses nacionales? Los motivos son diversos, pero aquellas faltas de ratificaciones, sobretodo de parte de los grandes Estados, sin duda debilitan el impacto de los convenios.

Solamente el 30% de los espacios marítimos teóricamente protegidos sería correctamente gestionado porque el ritmo de las creaciones es más rápido que el establecimiento de las medidas correspondientes. En el caso de la pesca, todo queda por hacer con respecto a la armonización de las reglamentaciones (tamaño de las mallas de las redes, períodos de interdicción) o al establecimiento de cuotas para las especies migratorias sobreexplotadas. Tampoco hay una postura común sobre la caza de ballenas.

¿Un santuario para las ballenas en el Caribe?

Durante la reunión de la Comisión Ballenera Internacional en San Cristóbal (mayo de 2006), Francia anunció la creación de un santuario para estas especies en las ZEE de sus islas antillanas.⁶ Aquella iniciativa, para ser plenamente eficaz debe afectar un espacio suficientemente ancho y necesita la participación imperativa de los Estados vecinos. No es nada fácil ya que algunos de estos Estados practican tradicionalmente esta caza (aunque con modestia), lo que les otorga un asiento en la CBI, pero sobretodo porque Japón, principal defensor del levantamiento de la moratoria a la caza de ballenas, ejerce, a la vista de todos, fuertes presiones sobre algunos pequeños estados, sopesando sus votos y las ayudas financieras.

 

En fin, el balance general resulta insatisfactorio, y muchos aspectos quedan sin profundizar. El papel decisivo que se reconoce al mar hoy en todas partes no era nada evidente hace apenas algunos decenios. Hasta finales de los años 1980, el mar seguía siendo un espacio marginal tanto en la visión como en las preocupaciones de sociedades post coloniales que eran ante todo rurales y agrícolas (incluso en las islas) y que poco se implicaban en sus desafíos. Durante estos últimos decenios, se produjo una profunda revolución mental, de manera desigual y progresiva, pero al final con bastante rapidez; un espectacular giro de parte de los pueblos ribereños del Caribe en la manera de considerar “su” mar y las relaciones con ella.

Al traspasar los factores de parcelación y de división física, cultural, económica y otras más de la región, el mar, progresivamente, emergió en el imaginario colectivo como el más pequeño denominador común entre los diferentes Estados y territorios de la región, el “patrimonio común de los pueblos del Caribe”, un objetivo regional interesante para todos, un punto de anclaje fácil e imprescindible para una identidad regional. Así es como se mezclan desafíos económicos y visión política. Las políticas regionales en relación con el mar son tantas ocasiones de hacer que sea más concretamente perceptible y sensible el destino colectivo de la “comunidad caribe”.

Con referencia al contexto inicial poco favorable, los progresos durante estos últimos decenios son notables pero no pueden ocultar la permanencia de numerosas faltas y carencias. La toma de conciencia parece más avanzada en las islas, en particular en las pequeñas, que en los países continentales, debido a que los intereses nacionales se imponen sobre las solidaridades. Mucha energía para convencer queda por enseñar para que el mar pueda ejercer su papel federador de “base regional”, de motor de la dinámica y del desarrollo regional, lo que legítimamente le corresponde.

 

Anexos: el Convenio de Cartagena y sus Protocolos

a) Las principales disposiciones del Convenio de Cartagena

El Convenio para la protección y el desarrollo del medio marino en la región del Gran Caribe (Wider Caribbean Region - WCR), llamado Convenio de Cartagena fue firmado el 24 de marzo de 1983. Es el único tratado con fines medioambientales que afecta a la región en totalidad. Actualmente reúne a 23 Estados sobre los 28 potenciales. Contiene en anexo tres protocolos especializados relativos a la cooperación para combatir los derrames de hidrocarburos (a los cuales la región está particularmente expuesta, véase más arriba), a la contaminación procedente de fuentes y actividades terrestres, y a la flora y fauna silvestre especialmente protegidas. Estos textos “marco”, muy completos y ambiciosos son los únicos específicamente relacionados con la totalidad del dominio marítimo del Caribe. Fue ratificado por Francia el 13 de noviembre de 1985 y entró en vigor en el curso de la 9º ratificación el 11 de octubre de 1986.

Las partes contratantes reconocen “el valor económico y social del medio marino y la obligación de protegerlo”. Quieren tomar en cuenta “las especiales características hidrográficas y ecológicas de la región y su vulnerabilidad a la contaminación” y deploran el hecho de que “el medio ambiente no se tenga suficientemente en cuenta en el proceso de desarrollo”, por fin enumeran los grandes objetivos que quieren alcanzar, entre ellos “proteger los ecosistemas del medio marino”. Consideran indispensable “cooperar directamente y con las organizaciones internacionales competentes” y por fin proponen medidas operativas para actuar a nivel nacional y regional.

Este Convenio se integra en un plan de protección del medio ambiente a nivel mundial (PNUE: programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente). Instituye un compromiso legal entre sus miembros para proteger, desarrollar y gestionar sus recursos costeros y marinos (especies, espacios, ecosistemas) de manera individual y colectiva. El Convenio tiene la particularidad de tomar también en cuenta las zonas terrestres adyacentes, incluso las cuencas vertientes, y apunta tanto a la protección como al desarrollo. En muchos aspectos es el precursor de lo que la comunidad internacional propugnó después a nivel mundial. El convenio insiste particularmente en la protección de las especies raras y en peligro de extinción y pide el establecimiento de zonas protegidas. Al contrario de los convenios relativos al medio ambiente mundial, los convenios regionales son transversales y abarcan una extensa gama de temas, desde los problemas de contaminación hasta la preservación de las especies y ecosistemas marinos.

Una importante acción ya fue realizada e iniciada en el ámbito del protocolo SPAW, relativo al espacio y a la vida silvestre especialmente protegidos, protocolo firmado en 1990 que ofrece un apoyo a los gobiernos en diferentes sectores:

• Elaboración de una base de datos que cubre las 300 zonas marítimas protegidas de la región en colaboración con el Fish and Wildlife Service americano, el Parque nacional de Biscayne y las ONG. Debe permitir a los administradores de las zonas cambiar informaciones y colaborar para superar las dificultades a las que puedan enfrentarse;

• Inventario de las especies que se deben proteger (flora y fauna marina y costeña);

• Instalación del Centro Regional de Guadalupe;

• Edición de un guía para los administradores de las zonas protegidas y los organismos de preservación para recolectar fondos;

• Organización de seminarios de formación para formadores especializados en problemas de gestión de zonas protegidas;

• Aplicación de un programa de preservación de las tortugas de mar en 11 Estados y del “West Indian Mantee” (trichechus manatus = manatí del Caribe) en 5 Estados;

• Observación, gestión y preservación de los ecosistemas coralinos en relación con el ICRI (Iniciativa internacional en pro de los arrecifes coralinos) y la red de acción internacional para arrecifes coralinos (ICRAN);

• Promoción de prácticas de buena gestión y formación para un turismo sostenible en zonas litorales.

 

Los países firmantes de los protocolos especializados del Convenio de Cartagena

b) Protocolo SPAW sobre la vida silvestre y las áreas especialmente protegidas

c) Protocolo relativo a la contaminación procedente de fuentes terrestres

d) Protocolo relativo a los derrames de hidrocarburo

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