El desarrollo de las actividades informales en las zonas urbanas no han podido solucionar el declive del sector agrícola y el masivo éxodo rural consecuente, y la carencia de recursos todavía afecta a la mayoría de la población.

Empeoró de nuevo esta situación después del seísmo, por la incapacidad de las autoridades que no pudieron iniciar una política dinámica de reconstrucción del país. Hasta a nivel geopolítico la apertura al mundo apareció como demasiado endeble para contrapesar la influencia dominante de los Estados Unidos. Por otra parte, si han incrementado los intercambios comerciales con la República Dominicana, además en detrimento de Haití, las relaciones bilaterales siguen siendo muy sensibles a causa del tema migratorio. No obstante, la cuestión de mayor importancia radica en que el país sigue perturbado desde hace 30 años por una profunda crisis política, porque la libertad de expresión y el debate político no impulsaron el progreso de la democracia, y la debilidad del Estado no permitió que se estableciera un verdadero estado de derecho. 

1. Permanencia de una situación económica problemática

La terciarización de la economía, apoyada en el sector informal, que se sustituyó a una agricultura en declive, a pesar de proporcionar empleos a un gran número de personas, no parece capaz de iniciar la espiral del desarrollo. La situación queda entonces precaria para la mayor parte de la población: el paro y la inseguridad alimentaria se añaden al dificultoso acceso a los servicios de base tales como el agua potable o los servicios sanitarios.

1.1. Ineficiencia de la economía informal

Si la terciarización de la economía haitiana permite procurar trabajo a un gran número de personas olvidadas por el sistema oficial, no tiene la capacidad, por el momento, de impulsar con eficiencia el crecimiento económico. En efecto, el desarrollo del sector informal se basa en unidades de tamaño muy reducido y con poca productividad.

Los empresarios son pobres, carecen de competencias, disponen de poco capital, financiero o técnico, y no pueden ser sino sus propios empleados. Como no generan bastante superávit, estas microempresas no sólo permanecen pobres sino que tampoco pueden contratar a otras personas. Al contrario, dado el actual contexto institucional, existe un riesgo de desviación de la economía formal hacia lo informal, ya que éste, como actúa fuera de los controles fiscales, puede atraer a los actores del sector formal. 

En materia de reforma económica, la amplitud de las actividades informales en la economía del país es un verdadero reto. A menudo se alude a la oficialización del sector informal que permitiría al estado generar ingresos adicionales. El Ministerio de Industria y Comercio ya tomó medidas al respecto desde el año 2013. Según dice la economista Nathalie Brisson-Lamaute, esta política se enfrenta al carácter vacilante de la legitimidad del Estado: ¿por qué los individuos aceptarían pagar impuestos cuando, a cambio, no tienen acceso a los servicios del Estado, no sólo a nivel de los dispositivos de ayuda a los empresarios, sino también en materia de seguridad social, de acceso a la educación para los niños y hasta de seguridad ? Por otra parte, en la mente de gran parte de la población yace la figura del Estado depredador: depredación formal (mediante la fiscalidad indirecta) y depredación informal (realizada por los funcionarios). Además de la oficialización del sector informal, el reto de mayor importancia es la creación de puestos de trabajo y el Estado debe descubrir cómo incitar el sector empresarial formal a crear empleos. 

Por su parte, el desarrollo industrial se sitúa más en una dinámica de reexportación que en una estricta perspectiva de producción : en esta actividad extravertida que suele ser la industria de montaje, lo único que aporta Haití es la fuerza de trabajo indispensable a la transformación del producto semiacabado en producto final con una muy pequeña plusvalía. Es cierto que la industria de la confección es ahora el motor de la industrialización local, sin embargo la mayor parte de la producción se centra en el segmento de baja gama y ofrece salarios muy bajos. Esta situación origina una doble dependencia: primero la de la economía haitiana frente a los productos textiles destinados a la exportación (casi el 90% del valor de la exportaciones), ilustración de la poca diversificación del sistema productivo, y por otra parte la dependencia del país frente a su potente vecino norte americano. Además, esta industria se revela muy incierta y lleva a cuestionar la permanencia del sector textil en la economía haitiana debido a que la ley HOPE no otorga ventajas preferenciales sino para un tiempo limitado. 

1.2. La persistente deficiencia de los servicios de base.

Los hogares permanecen en una situación sobradamente deficitaria en cuanto al suministro de agua y electricidad, pese a recientes mejoras. Según el organismo UNICEF, sólo la mitad de la población tiene acceso al agua potable y apenas el 11% a las conexiones domiciliarias (24% en las ciudades y 3% en las zonas rurales). El servicio carece de regularidad en casi todas las zonas urbanas y en el campo. Las instituciones de este sector siguen siendo ineficaces a pesar de la creación en 2009 de la DINEPA, con el fin de mejorar el acceso al agua potable y satisfacer las necesidades básicas en materia de higiene. Los consumidores con poder adquisitivo compran el agua a empresas privadas, lo que da lugar a un comercio muy dinámico.

El tema energético también es problemático. El informe de 2014 del Consejo Mundial de Energía sobre el rendimiento energético, que propone una clasificación de las economías mundiales según la capacidad de suministrar una energía segura, barata y sostenible, puso a Haití en la 116 º posición entre 124 países. La producción de electricidad que duplicó en diez años sigue siendo insuficiente respecto a las necesidades. En 2014 el país dispone de una potencia instalada de 311 MW, entre los cuales solo 116 son disponibles, para atender una demanda nacional de alrededor de 700 MW incluyendo más de 200 para la zona de Port-au-Prince.

En consecuencia, se observan dramáticas penurias en el país y la tasa de cobertura es la más baja del Caribe: solo el 34% de los haitianos tiene acceso a la electricidad (casi 50% en Port-au-Prince), a cambio de 92% en Jamaica y 98% en la República Dominicana. Además, la cifra que corresponde a Haití incluye las conexiones ilegales que podrían representar casi la mitad de los consumidores de esta energía. Por consiguiente la calidad del servicio es mediocre: aquellos que disponen del acceso a la electricidad cuentan con una media de 14 horas de energía al día, con grandes diferencias según la cobertura de las diferentes zonas. Tal situación exige que los hogares, las instituciones (hospitales, escuelas ) y las empresas cuenten con sus propios generadores de emergencia, eficaces pero caros.

El sistema sanitario de Haití es defectuoso y no está en condiciones de cumplir con su función. Más de la mitad de las unidades de cuidados incumbe al sector privado, casi nunca sin fines de lucro. Por otra parte, padece a todos los niveles, importantes desventajas en relación con los problemas de gobernanza: baja capacidad de control de parte de la autoridad nacional, abundancia de los proveedores de fondos que muchas veces se convierten en proveedores de servicios de salud, falta de procedimientos estandardizados para la atención sanitaria, frecuencia de agotamiento de las existencias de suministros médicos básicos, etc... Esta situación perjudica el buen funcionamiento del tratamiento médico de los pacientes y contribuye, a nivel institucional, a la baja calidad de los servicios de atención. La deficiencia es particularmente notable respecto a la salud infantil, a pesar de unos pocos progresos: la tasa de mortalidad infantil (niños de menos de cinco años) pasó de 79% durante el periodo 1997-2002 a 59% durante el periodo 2007-2012. Frente a la deficiencia de la medicina convencional, existe una medicina tradicional muy activa y apreciada: medicina familiar, comadronas, médicos tradicionales, curanderos. En el 70% de las circunstancias , es el primer recurso de la población en caso de problemas sanitarios. 

Globalmente, la sociedad haitiana concede una importancia de primer orden a la formación y la educación. La escuela, cada vez más inadecuada y de poca calidad, sigue siendo, no obstante, para la población el impulsor preferido hacia la movilidad social y la integración económica. El sistema educativo se basa sobre todo en las escuelas privadas de pago (90% de las instituciones educativas ), religiosas o laicas, que muestran una sorprendente diversidad. La escasez de la oferta escolar pública abre una brecha ante la masiva demanda de educación y explica el desarrollo de las escuelas “borlette”: en este tipo de escuela, no son capacitados los maestros, y las oportunidades de terminar los estudios son tan tenues como las de ganar la lotería (borlette).

A pesar de todo, se notan algunas mejoras importantes: por todo el país la alfabetización está en vía de progreso y la escolarización ha experimentado un cambio cualitativo (49% de los niños escolarizados en 1994, 65% en 1997, 76% en 2002 y casi 80% en 2012), pese a que más de medio millón de niños entre 6 y 12 años permanecen fuera del sistema educativo. No obstante, en 20 años, el índice de alfabetización ha aumentado de más del doble, pasando de menos de 20% en 1994 a 43% en 2012 (IHSI). Sin embargo, Haití es todavía el país del Caribe con la mayor tasa de analfabetos, y figura en el 157º puesto mundial, sobre 182 (PNUD, informe 2011). La tasa de alfabetización es mucho mejor en las zonas urbanas en comparación con las zonas rurales (80,5% en vez de 47,1%) y es más elevada entre los hombres (63,8%) que entre las mujeres (58,3%). Estos resultados aparecen más concluyentes aún, tratándose de las generaciones más jóvenes: en 2012, el índice de alfabetización para el grupo de edades de 15 a 24 años, es de 74,4% entre los hombres y 70,5% entre las mujeres, según la UNICEF. 

2. Las dificultades para reconstruir el país después de la catástrofe

En Haití la reconstrucción del país tras el seísmo es trabajosa: en 2014, cuatro años después del terremoto, más de 170 000 personas vivían todavía en los campamentos y en 2015 quedaban casi 80 000, llevando una vida muy precaria (escasez del acceso al agua potable, saneamiento, falta de seguridad, riesgo de epidemia). Por su amplitud destructora en la zona central, el seísmo de 2010 hubiera podido podría frenar o por lo menos limitar la macrocefalia de Port-au-Prince, mediante una desconcentración y una descentralización. Es obvio que si los efectos del terremoto dieron lugar a muchas recomposiciones al interior de la zona urbana de la capital, no modificaron los desequilibrios regionales preexistentes ni afectaron la dinámica de crecimiento del sector central.  

2.1. Las políticas de realojamiento y la remodelación urbana

La gran mayoría de los haitianos ha considerado que la realización de los programas de viviendas sociales fue demasiado lenta. Para iniciar una política ambiciosa en este ámbito, haría falta que el Estado, que carece históricamente de recursos, tuviera la capacidad e incluso la voluntad, teniendo además en cuenta que la ayuda internacional disminuyó enormemente a partir de 2013. A raíz de del seísmo, se había creado una comisión interina para la reconstrucción de Haití (CIRH) bajo la dirección del ex presidente norteamericano, Bill Clinton.

Debido a las dificultades para funcionar, sólo originó unos proyectos inconexos sin una visión global. Es cierto que la crisis política que bloquea el país desde 2013 no facilitó la puesta en marcha de los proyectos. Haití se ha convertido en un nuevo El Dorado para las compañías extranjeras puesto que los proyectos se dedican casi siempre a promover la ayuda y la inversión extranjeras al tiempo que los haitianos no obtienen beneficio alguno: de ello, es un perfecto ejemplo el documental de Raoul Peck, “ Asistencia Mortal “ (2013), que cuestiona la gestión de la ayuda humanitaria tras el seísmo.  

Piedra angular de la política de realojamiento, el programa 16/6, financiado por Canadá, se dedicó a restaurar 16 barrios pobres de Port-au-Prince, definidos como prioritarios, para reasentar sus antiguos residentes dispersados en seis importantes campamentos de personas desplazadas en la capital. La selección de estos seis campamentos se hizo sobre todo bajo criterios de visibilidad en vez de considerar el grado de precariedad y de inseguridad: eran campamentos tales como los del “ Champ de Mars”, de los alrededores del aeropuerto o de las plazas públicas de Petion-Ville. Desalojaron a los siniestrados, a cambio de una prima de salida de 20 000 gourdes (aproximadamente 500 dólares), pero el importe de la ayuda era demasiado bajo como para permitir que las familias se instalaran en otros sitios que en las chabolas ubicadas en las zonas vulnerables. De esta manera, las operaciones de realojamiento se revelan un engaño, ya que han producido pocas soluciones duraderas. Simplemente, se desplazó el problema en el espacio y en el tiempo. De hecho, muchos refugiados abandonaron los campamentos, sencillamente después de arreglar por sí mismos sus alojamientos, o construir nuevos refugios precarios, lo que contribuyó a difundir el fenómeno del chabolismo en las zonas periurbanas.

La ayuda internacional decreció mucho a partir de 2013. Luego de tres años de presencia, las agencias especializadas en proveer soluciones en caso de catástrofe, pensaron haber cumplido con su deber. No obstante, la situación del país no incita a que los proveedores asignen los fondos necesarios para las medidas estructurales. La ayuda de emergencia no acrecentó la capacidad de los haitianos de tomar, ellos mismos, las riendas de la reconstrucción del país, puesto que la comunidad internacional marginó al gobierno, a la sociedad civil, y a las empresas locales. Las promesas de los donantes internacionales casi siempre se quedaron sin realizar. A fines de septiembre de 2012, la oficina del enviado especial de Haití en la ONU manifestaba que apenas se distribuyó poco más de la mitad los 5,37 mil millones de dólares prometidos durante la conferencia de Nueva York en marzo de 2010, cuando en realidad se esperaba la totalidad de los fondos antes de esta fecha. Sin embargo, parte del dinero quedó congelada hasta la fecha, por falta de instituciones públicas estables y de confianza. 

El seísmo provocó fuertes alteraciones espaciales y funcionales en el área metropolitana de Port-au-Prince. El movimiento migratorio hacia las provincias que apareció después del seísmo cambió de rumbo unos meses más tarde, con la vuelta masiva de los refugiados, incluso en mayor número. Se instalaron en los cerros entre Port-au-Prince y Pétionville, en la carretera de Carrefour y en las tierras desocupadas y periféricas del norte de la capital, por ejemplo en Canaan, a unos treinta kilómetros de la ciudad. Se extiende ahora el área metropolitana sobre casi 170 km² y las redes, que ya eran escasos, no logran satisfacer las necesidades de la población, sobre todo porque el terremoto aumentó las disfunciones en la zona urbana. Además el centro de la ciudad, ya en declive desde los años 2000 a causa de la violencia urbana, agregada a un espacio limitado y de difícil acceso, se dejo en el abandono por completo desde el seísmo. Las migraciones relacionadas con los oficios de los migrantes se hicieron más frecuentes hacia la carretera de Delmas y en Petionville que se convirtió en uno de los sitios centrales del área metropolitana. Implantaron las actividades que requerían amplias zonas de venta y de almacenamiento en el norte de la ciudad, en el municipio de Tabarre, localidad en pleno crecimiento. En la parte este, en el municipio de Croix-des-Bouquets, hoy parte integra del área metropolitana, continúa la diseminación de las construcciones. El seísmo, más que un elemento iniciador de cambios espaciales y funcionales, fue en realidad un acelerador de los procesos ya implementados antes de 2010. 

2.2. La oportunidad desaprovechada de la reordenación territorial

Las terribles consecuencias del terremoto en la zona metropolitana mostraron que la refundación y el desarrollo del país no podían concentrarse únicamente en la zona de Port-au-Prince, y que sería necesario concebir la ordenación espacial del territorio nacional de manera más equilibrada. El seísmo incitó entonces al gobierno, así como a los países asociados como los Estados Unidos y la República Dominicana, a implicarse en otros espacios, por ejemplo en la zona Norte/Noreste: el parque industrial de Caracol, al este de la ciudad de Cap Haitien, financiado con inversiones norteamericanas y la nueva universidad de Limonade, construida por la República Dominicana, son los perfectos ejemplos de ello. Otro ejemplo es la reconstrucción de la pista del aeropuerto de Cap Haitien, financiada por Venezuela, que ahora permite el aterrizaje de aviones más grandes, al tiempo que el Banco Mundial invierte en el turismo y en el patrimonio de esta región, puesto que, además, la Unión Europea había financiado en 2008 la rehabilitación de la carretera entre Cap Haitien y Ouanaminthe. Por otra parte, a partir de 2015, se extendió el cultivo del plátano en la región con fines de exportación en dirección de los mercados europeos, especialmente el mercado alemán. Esta cantidad de inversiones ofrece hoy día al Norte/Noreste la oportunidad de fomentar una dinámica económica, siempre que el Estado se dote de los medios para armonizar desarrollo, uso sostenible del espacio y satisfacción de las necesidades de la población. Es cierto que la región no carece de posibilidades: la ciudad de Cap Haitien (260 000 habitantes) es la segunda ciudad del país, dotada de un puerto y un aeropuerto internacional, mientras Ouanaminthe se presenta como la principal puerta de entrada del comercio dominicano. 

El análisis más profundo de todas estas iniciativas sería un buen modo de imaginar una verdadera descentralización a nivel nacional, establecer una auténtica política de repartición territorial, estimular los polos provinciales, y reconsiderar el desarrollo según opciones que traten de aminorar el peso exagerado del área urbana de Port-au-Prince. El CIAT (Comité interministerial de Ordenamiento Territorial) presentó un plan de ordenamiento de la parte Norte/Noreste, cuyo vínculo histórico con Santiago de los Caballeros (también segunda área urbana de la República Dominicana) podría situarse en una posición paralela al eje Port-au-Prince/ Santo Domingo y servir de contrapeso. Pero, persisten la debilidad del Estado, la carencia de voluntad política y la corrupción endémica, y los planes de ordenación, muchas veces elaborados por oficinas de proyectos extranjeras, se amontonan merced al financiamiento y a la ayuda internacional, pero sin ninguna realización concreta. 

3. La desigualdad en el acceso a los medios de comunicación

Igual que en otros sectores, se observa un desigual acceso al progreso en el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, a pesar de recientes avances significativos. De hecho, la revolución de las TIC no afectó todas las zonas ni a todas las clases de la sociedad. A pesar de indiscutibles avances, todavía perdura un desigual acceso al teléfono celular y resultan mucho más equipados los hogares de la zona urbana comparados con los del área rural, con respectivamente 87% y 50%. Este medio de comunicación, al que todos aspiran, no brinda a diario únicamente satisfacciones: escasez de la red de cobertura, cortes brutales, dificultad para recargar las baterías a causa de apagones de larga duración. Por el momento, Internet conecta a sólo el 15% de la población, lo que sitúa Haití en la 141º posición mundial (entre 195 países ), muy lejos detrás de la República Dominicana (35% de la población y posición 88/195) y hasta detrás de Cuba (23% de la población y posición 108/195). Para eliminar la brecha digital entre una minoría adinerada y la gran mayoría de la población, haría falta actuar para que los centros de comunicación y los cybercafés fuesen más accesibles, y permitir que las bibliotecas municipales y las escuelas beneficiaran de una conexión internet. En este sentido, iniciaron en 2013 el proyecto “ Scholaritech” cuyo objetivo es dotar de una sala de computadoras con conexión de banda ancha, cerca de un centenar de escuelas e institutos públicos tanto de la capital como de las provincias. 

A primera vista, la distancia y el entorno natural son factores decisivos respecto a la accesibilidad o al aislamiento de las zonas, pero gracias a su alto nivel de eficiencia, las redes de comunicación reordenan el espacio, aumentan la integración de ciertas zonas o acentúan el aislamiento de otras. Sin embargo, las redes de transporte funcionan a la vez como componentes o resultados del dinamismo regional, ya que se mejoran las infraestructuras en prioridad en las regiones más activas. El resultado es que varios sectores de Haití permanecen aislados, por falta de vías de comunicación que permitan el transporte de mercancías y personas de manera satisfactoria. De este modo, el área verdaderamente “útil” del país se resume a una sucesión de zonas separadas que apenas equivalen a la tercera parte del territorio nacional. No se explotan numerosas zonas de posibles producciones, por falta de una red apropiada de carreteras. Tal es el caso del extremo norte/noroeste, desde las tierras favorables al cacao de “Grande Anse” o del sureste hacia Marigot y “Belle Anse”. 

La realidad es que las redes de carreteras son mediocres y distribuidas de manera desigual: Haití tiene la densidad de vías de transporte más baja de las Antillas. La red tiene poca extensión (alrededor de 3 400 km de carreteras aptas para vehículos) y padece graves carencias por falta de mantenimiento y ausencia de obras para cruzar los ríos. El Ministerio de Obras Públicas, Transportes y comunicaciones (MTPTC) considera que, actualmente, sólo el 10% de las carreteras están en buen estado, o sea 350 km, mientras el 80% de la red está en estado mediocre o peor, únicamente el 20% de las carreteras están asfaltadas. Pero, la ausencia de medios financieros y técnicos, los fallos e insuficiencias estructurales limitan fuertemente las capacidades de acción del MTPTC. En tal contexto, son las instituciones internacionales y los organismos no gubernamentales los que tienden a sustituirse al Estado, al tiempo que varios países extranjeros prestan también un apoyo financiero al mantenimiento y a la mejora de las infraestructuras de transporte.

El cabotaje, que podría ser una opción de interés frente a la mediocridad de los transportes por carretera, está poco desarrollado a pesar del aspecto muy irregular de la costa y el tráfico anual sigue siendo bajo (20 000 toneladas de mercancías, 80 000 pasajeros al año, según la Dirección Nacional de Puertos). El deterioro de las instalaciones portuarias, la falta de organización, la utilización de una flota generalmente anticuada y que no cumple con las normas mínimas de seguridad, son tantos frenos al desarrollo de esta actividad. En la península del sur donde hay más actividades, los puertos de Jérémie,Anse d'Hainault y Corail disponen de desembarcaderos para el cabotaje local, pero, varios otros lugares no tienen sino instalaciones rudimentarios. De hecho, ha decrecido el tráfico marítimo a favor del transporte por carretera que es más rápido.  

Pese al reciente esfuerzo de modernización, las infraestructuras portuarias y aeroportuarias no siempre exhiben los indicios de eficiencia y de competitividad apropiados para apoyar una mayor apertura de Haití hacia el mundo exterior. Las oportunidades que surgen en cuanto a la próxima ampliación del canal de Panamá no podrán realizarse, ni mucho menos, ya que Port-au-Prince (su puerto ha tenido un tráfico de 3,7 millones de toneladas en 2013, y él de Le Cap, 153 000 toneladas) y generalmente los puertos de Haití, sufren muchas deficiencias: instalaciones inadecuadas, operaciones portuarias interminables, altos costes. El aeropuerto de la capital concentra la mayor parte del tráfico y gestiona de 1 a 1,5 millón de pasajeros al año. La oferta de conexiones directas se limita a unas pocas ciudades de los Estados Unidos, dado que Haití tiene poco tráfico con los destinos del Caribe. En el aeropuerto de Cap-Haitien (que ahora se llama Hugo Chavez) incrementaron las actividades internacionales desde que prolongaron la pista en 2012, lo que permite recibir los aviones de fuselaje ancho. Sin embargo, las únicas conexiones disponibles a principios de 2014 son Florida (Fort Lauderdale) y Providenciales (islas Turcas y Caicos). 

4. Los límites de la apertura geopolítica

Desde el último decenio, Haití intenta integrarse en su espacio geográfico, el Caribe, y abrirse al mundo mediante vínculos con numerosos países de América latina, Europa, Asia y Africa. Pero esta política reciente es aún muy limitada respecto a las fuertes relaciones, políticas, económicas o culturales que une el país al gigante norteamericano. En cuanto a las relaciones transfronterizas, incrementaron y se diversificaron fuertemente desde hace 30 años, pero compartir una frontera terrestre común multiplica las situaciones de crisis, migratorias y económicas, pese a la imprescindible cooperación bilateral. 

4.1. Estados Unidos sigue siendo, con mucho, el socio privilegiado e influyente

Debido a su proximidad geográfica, su potencia económica y geoestratégica y sus modelos culturales, los Estados Unidos, desde muy temprano, establecieron vínculos con Haití y su influencia es muy importante en todos los dominios. Es cierto que Haití dista mucho de ser el único país en tal situación. Al acoger la mitad de la diáspora haitiana, Estados Unidos se mantiene como el destino más atractivo, considerándose los territorios caribeños como zonas de tránsito hacia aquella meta final. 

En Haití, la presencia de los Estados Unidos desde hace un siglo es un buen ejemplo de la geopolítica norteamericana en el Caribe que consideran como su traspatio. Hubo primero la ocupación militar del país por Los Estados Unidos durante casi 20 años, lo que generó varias consecuencias que cambiaron totalmente el territorio: declive de las ciudades provinciales en beneficio de una centralización favorable a Port-au-Prince, explotación económica del país y empobrecimiento de la clase campesina, organización de una migración masiva hacia la República Dominicana y Cuba, etc. Desde aquella época, y a pesar de la retirada de las tropas americanas en 1934, la injerencia de Estados Unidos en Haití ha sido permanente, tanto en la vida política ( apoyo a la dictadura de los Duvaliers, intervención militar para restablecer al Presidente Aristide en el poder, coacción para obligarle a abandonar el poder), como en la vida económica ( presiones para el establecimiento de un sistema liberal y la apertura del mercado local a los productos estadounidenses). Aquella injerencia socavó mucho las conquistas democráticas durante estos últimos 30 años. La influencia americana se vive también de manera indirecta, mediante las numerosas iglesias protestantes, las congregaciones religiosas o las ONG, y hasta de manera más dañina a través del desarrollo de la enseñanza en inglés que se considera como el idioma de la promoción social, o a través de la vuelta de las diásporas instaladas en America del Norte por lo cual se está llenando de anglicismos el créole haitiano.

Hoy en día, ¿se debe considerar que el destino de Haití se decide en Washington? Cuatro de los más importantes proveedores internacionales ( el BID, El Banco mundial, el FMI y la agencia USAID) tienen su sede en Washington y lo que se decide allí es decisivo para el porvenir de Haití. Durante decenios el país recibió ayudas exteriores procedentes de organizaciones multilaterales o de agencias para el desarrollo extranjeras, pero, después del terremoto de 2010, empeoró esta situación en considerables proporciones. Una suspensión de la financiación procedente de los Estados Unidos significaría de inmediato el colapso del país. El papel que desempeña Estados Unidos en la reconstrucción post-sísmica se añadió a la dependencia de Haití frente a los proveedores internacionales, a las intervenciones militares, a la injerencia política, a la importante comunidad haitiana que vive en los Estados Unidos, a la posición privilegiada del país como socio comercial, y en consecuencia ha ido creciendo la importante influencia que siempre ejerció Estados Unidos en el territorio. Tras el seísmo de 2010, algunas personas hasta se preguntan si Washington no se ha convertido simbólicamente en la segunda capital de Haití, tal vez la primera( Le Nouvelliste, 21 de marzo de 2014 ). Sin embargo, siempre perdura un litigio entre los dos países acerca de la isla de Navasse, ubicada en alta mar a 70 km frente a la última punta de la península meridional.  

4.2. Las relaciones con la República Dominicana siguen siendo sensibles

Haití y la República Dominicana se han dado la espalda durante largo tiempo, a ambos lados de una frontera terrestre que mide 339 km de largo. Es cierto que se oponen en un fuerte conflicto histórico, especialmente por la doble ocupación haitiana de la colonia española (1798-1809 y 1822-1844), pero también por la masacre en 1937 de los migrantes haitianos cometida por la autoridades dominicanas y que causó varios miles de víctimas ( de 5 a 12 000 según los autores). Aquello intensificó el divorcio entre las dos partes de la isla, que se diferencian por sus poblaciones, sociedades y culturas. Sin embargo, aún arraigada en una violenta historia común, la frontera entre los dos países nunca fue hermética y la complementariedad entre las dos entidades políticas dio lugar a una zona transfronteriza. Es así que existen cuatro conjuntos de ciudades gemelas por las cuales circula el comercio transfronterizo, en particular Malpasse/Jamani y Ouanaminthe/Dajabón, sin hablar de numerosos pasos fronterizos informales.

El tema de las migraciones haitianas hacia la República Dominicana es particularmente sensible en las relaciones bilaterales y la gran cantidad de textos que se publican sobre el problema migratorio pone de manifiesto la irritación que produce aquel fenómeno. Las migraciones haitianas hacia la República Dominicana son antiguas y masivas: más de 500 000 haitianos o personas de origen haitiana serían implicados, entre los cuales por lo menos la tercera parte está indocumentada. La larga presencia de los “anba fil”( indocumentados) plantea el problema de la segunda generación. En efecto se apoya la Constitución dominicana en el jus soli que otorga la ciudadanía a las personas nacidas en el territorio de la República, excepto a aquellos que estén en situación de tránsito. Este derecho constitucional se niega de forma sistemática a los rayanos, o sea a los hijos de los inmigrados indocumentados cuyos expedientes quedan sin ser examinados. A partir de ahora, se trata de una situación sin salida ya que en 2013 el TrIbunal Constitucional sentenció que los hijos de inmigrados haitianos no podían solicitar la nacionalidad dominicana, y hasta la quitaron a aquellos que ya la tenían. Pero, ante la presión internacional, se abrogó la decisión en 2014. Al poner de relieve la cuestión racial y social, las reacciones dominicanas frente a la inmigración haitiana son casi siempre hostiles: acusados de invasión silenciosa, los Haitianos afrontan la discriminación y los abusos y, desde algunos años se nota una intensificación de las expulsiones y de los ataques racistas.

En vista del comercio fronterizo y de la actividad de las “Madan Sara” que van a comprar su abastecimiento en Santo Domingo, los intercambios comerciales entre ambos países son antiguos, pero han experimentado un auge considerable durante los años 1990, incluso con una parte formal, y se intensificaron después de 2010 gracias a las inversiones dominicanas en la economía del país vecino. Haití se ha vuelto muy dependiente de los productos dominicanos, ya que la tercera parte de sus compras proceden del país vecino que es su primer proveedor, delante de los Estados Unidos. No obstante, el mercado haitiano es también imprescindible para la República vecina: Haití es su segundo cliente con un importe de compras que supera los mil millones de dólares (sin tener en cuenta los flujos informales) detrás de Estados Unidos (3,6 mil millones), pero delante de Canadá. Por eso las crisis en las relaciones comerciales generan importantes tensiones entre los dos países. Fue lo que sucedió en 2013 con la interdicción de importar los productos avícolas en Haití ( pollo, huevos) a causa de un riesgo de gripe aviar en la República Dominicana. Es preciso recordar que los intercambios transfronterizos incluyen también el comercio ilegal y prohibido ( armas, droga, tráfico de niños hacia la República Dominicana, leña y carbón de leña, combustibles, vehículos robados en sentido contrario).

Se estableció una comisión bilateral para resolver las dificultades entre los dos países, pero, en la actualidad, parece que el diálogo no saca nada en limpio. Desde los años 1990, la profundización de las relaciones hizo que los dos Estados pasaron de una lógica de enfrentamiento a una lógica de cooperación y a partir de aquella fecha se inició una normalización de las relaciones. Sin embargo, el problema migratorio todavía se presenta como un tema central del debate político dominicano y los incidentes transfronterizos de 2006 (las poblaciones haitianas instaladas cerca de la frontera sufrieron actos de violencia que acabaron en casas destruidas, expulsiones brutales, numerosos muertos y heridos) refuerzan esta situación al mostrar que la interdependencia económica en aumento no siempre significa la moderación de las tensiones.    

5. La crisis del Estado y la inacabable “transición democrática”

Desde hace unos treinta años, Haití se esfuerza en edificar, en un ambiente de calma, una sociedad moderna y democrática, pero es un reto formidable por ser incontables los problemas del país. Es cierto que Haití padece de la permanencia de las dificultades de una gestión racional de los recursos del Estado, de la ausencia de transparencia de las operaciones gubernamentales, del incumplimiento de las normas nacionales e internacionales en todos los actos de la administración, de la miseria, del hambre, de la impunidad y de la corrupción. Debido a la debilidad histórica y estructural del Estado, a la que contribuye la injerencia extranjera, parece difícil establecer un Estado de derecho, pese a que sea la base imprescindible para el correcto funcionamiento de una democracia. 

5.1. ¿Superar la crisis política?

A pesar del fin de la dictadura de los Duvalier, la libertad de expresión y el debate político no hicieron avanzar la democracia, ni mucho menos: de 1986 a 2016 hubo en Haití 17 presidentes, 10 golpes de Estados exitosos o fallidos, un embargo internacional durante varios años, una intervención extranjera (Estados Unidos), seis misiones internacionales entre las cuales la actual instalada desde hace más de diez años..... No hay mejor manera de resumir la instabilidad política que reina en el país desde hace 30 años.

La década de los años 1990 y el principio de los años 2000, aunque dominados por la personalidad de Jean-Bertrand Aristide, líder carismático elegido tras un voto libre y democrático, fue, sin embargo, un período muy difícil políticamente hablando: golpe de Estado y dictadura militar durante cuatro años, persecución de los partidarios del movimiento “Lavalas al que pertenecía el Presidente derrocado, intervención militar norteamericana para imponer el regreso de Aristide, rivalidades al interior del partido en el poder que acabaron por una división y la creación del nuevo partido “Lafanmi Lavalas”, descarríos de las organizaciones populares vinculadas al poder, con los “Chimères”, segunda salida forzosa de Aristide frente al riesgo de sublevación y a la presión extranjera, despliegue, desde 2004, de una fuerza multinacional de la ONU, la MINUSTAH ( 9166 militares y policías en 2013) bajo la premisa de que favorezcan la continuación de un proceso político pacífico y constitucional y mantengan condiciones de seguridad y estabilidad. A pesar de su popularidad ante una juventud en busca de ruptura, pero elegido sin duda tras elecciones impugnadas , el mismo Michel Marthely, tuvo que afrontar muy pronto violentos movimientos de protesta.

Desde fines del año 2015, Haití está sumido en una crisis política y electoral: los fraudes descubiertos durante las elecciones presidenciales del 25 de octubre dieron lugar a violentas manifestaciones y ocasionaron un doble aplazamiento de la segunda vuelta (27 de diciembre de 2015, y luego 24 de enero de 2016) por lo que, por primera vez, la población haitiana se enfrentó a la comunidad internacional que quería mantener las elecciones. Ante el vacío del poder, ya que no se pudieron convalidar las elecciones al término del mandato del presidente Marthely , el parlamento nombró a un presidente interino por cuatro meses, con la misión de preparar las elecciones presidenciales, pero no fue posible respetar la fecha prevista del 24 de abril de 2016, así que no se puede sino prorrogar el mandato del presidente interino. Frente a la desilusión y a la exasperación de la calle que exige la reactivación del proceso electoral, superar la crisis política no se podrá realizar sino mediante elecciones apaciguadas, libres y creíbles. En realidad, la crisis política es el reflejo de una crisis social y económica: el exceso de desigualdades, de frustraciones, de corrupción y pobreza, ha terminado por eliminar los gérmenes de la democracia. La pobreza masiva alimenta el caos político y, para Haití, la lucha contra la pobreza es el camino de la democracia que permitirá la creación de un contexto favorable a un despegue económico. 

5.2. Un Estado de derecho que se establece con dificultad

Establecer un Estado de derecho, consiste primero en ofrecer la garantía de un Estado legal en el que el gobierno propone las leyes que el parlamento aprueba y controla su aplicación por el poder ejecutivo. Pero no se limita la cuestión del Estado de derecho en aplicar las necesarias reformas institucionales, significa también permitir el funcionamiento de las instituciones y de los servicios públicos que deben garantizar que todos los ciudadanos , en una perspectiva holística, gocen de la totalidad de sus derechos, incluso económicos y sociales. Pero, hasta ahora el Estado parece incapaz de resolver, entre otros, los problemas resultantes de las disfunciones de las instituciones, de la inseguridad, de la corrupción, de la violencia política, a fin de establecer un verdadero Estado de derecho. Era, sin embargo, una de las promesas del presidente Marthely que se había comprometido a realizar lo que él llamaba los cinco E (Estado de derecho, Empleo, Educación, Energía, Medio ambiente) que acabaron en un evidente fracaso generalizado.

A pesar de la erradicación del sistema “macoute” en 1986, la inseguridad se ha convertido en un dato estructural de la sociedad haitiana, aun cuando ha decrecido durante los últimos años. La violencia tiene un carácter endémico en algunos barrios de la capital (700 homicidios en 2013) y la impunidad de que gozan los autores de actos criminales favorece el incremento de esta plaga. Frente a esta situación, existen casos de linchamiento por la población que aparecen como una verdadera justicia popular resultante de la falta de confianza en la capacidad de intervención de la policía y de la justicia, pese a que en un estado de derecho, nadie tiene la facultad de tomar la justicia por sus manos. A veces se producen auténticos situaciones de guerra civil cuando el debate político se transforma en conflicto armado: fue el caso cuando, a fines de 2012, dos grupos se enfrentaron con violencia para el control del ayuntamiento de Grand Goave (dos muertos, varios heridos y vehículos incendiados). 

La policía, con la falta de personal y su equipo deficiente, no siempre puede hacer frente a la situación, a pesar de la ayuda de las misiones de seguridad de las Naciones Unidas (Minustah). Es cierto que en el seno de la policía los fallos siguen siendo numerosos, aunque desde varios años la institución está en fase de reforma. Dado el contexto, se plantea el problema del restablecimiento del ejército. La corrupción envicia todas las instituciones de los diferentes poderes a todos los niveles. Para afrontar esta situación, se creó una Unidad de lucha contra la corrupción (ULCC) en todas sus formas y fue encargada también de acabar con la impunidad de que gozan los delincuentes de guante blanco. Según el informe de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Haití (2013) el sistema judicial sigue siendo en gran parte deficiente, a pesar de la reforma en proceso, a priori libre de cualquier influencia del poder ejecutivo.

La función ambigua de las ONG y de las instituciones internacionales se añade a la crónica debilidad del Estado. En efecto, las ONG, cuyo número aumentó de manera importante durante los últimos años ( se estima que son más de 10 000) contribuyen a la vez a la desestabilización de las instituciones públicas y a la debilidad del Estado, puesto que la comunidad internacional asume , de cierto modo, la responsabilidad de haber creado estructuras paralelas en varios sectores normalmente en manos de los haitianos. Además, cabe considerar que la situación de dependencia con respecto a la ayuda extranjera también favorece la inacción y la irresponsabilidad en la población. 

Tras 30 años de conflictos políticos y estancamientos económicos, no hay datos que permitan presagiar un futuro feliz para Haití. Por cierto, se observa una dinámica en marcha, pero los resultados no están, ni mucho menos, a la altura de las expectativas del país. En cierto modo se trata de continuidad pese al cambio. Las medidas sectoriales adoptadas para enfrentar los importantes problemas de desnutrición, analfabetismo, salud, paro y pobreza, nunca tuvieron los resultados esperados, y se quedaron como un espolvoreo sin futuro. Ni los partidos políticos o los gobiernos, ni la burguesía local, ni la comunidad internacional parecen estar en capacidad de fomentar soluciones duraderas respecto a este estado de crisis. A éste, se añade la crisis del Estado, de ahí surge la necesidad de un Estado más presente y más democrático que responsabilice al pueblo y lo posicione claramente en el centro de un indudable proceso de desarrollo. A pesar de todo, Haití tiene la posibilidad de superar la situación socioeconómica en la que se halla el país si confía en la juventud de una población deseosa de formarse, en su potencial turístico y agrícola, en su artesanía de arte y en la riqueza de su cultura popular. Sería preciso tener un programa nacional que promoviera primero la educación y el medio ambiente, mediante el establecimiento de condiciones aptas para una institucionalización de la democracia, porque las inversiones necesitan estabilidad para prosperar. También sería preciso que disminuyera la injerencia de la comunidad internacional (Estados Unidos, Francia, Canadá, más precisamente) que siempre se dedicó a cooptar a las élites nacionales y a imponer sus opiniones.

Se trata menos de ayudar Haití que de “ayudar a los haitianos a ayudarse a sí mismos “ porque a ellos les toca elegir su propio camino. 

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